El Gobierno aprueba un Real Decreto para facilitar la economía circular en aparatos eléctricos y electrónicos
Madrid, 5 de noviembre de 2018.- El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de noviembre un Real Decreto que modifica anteriores normativas relativas al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. La finalidad de este cambio es facilitar las operaciones del mercado secundario que impliquen la sustitución de piezas de recambio, la actualización de funciones o la mejora de la capacidad, permitiendo la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos facilitando así la transición hacia una economía circular.
Con esta medida se trata de promover que determinados aparatos puedan mantenerse en el ciclo productivo y de consumo más tiempo, limitando los residuos que devienen de los aparatos eléctricos y electrónicos, a la vez que asegura el correcto mantenimiento de los niveles de protección ambiental, de salud y de protección de los consumidores en el espacio europeo.
El Real Decreto incluye otras modificaciones menores, como son la exclusión de los órganos de tubos que contengan plomo, la exclusión de maquinaria móvil no de carretera con fuente de alimentación externa, así como algunas precisiones respecto al procedimiento de solicitud de prórroga de exenciones.
También aborda las exenciones al uso de determinadas sustancias en aplicaciones específicas, transponiendo así un conjunto de ocho directivas delegadas, como serían: el cadmio en LED de conversión de color, plomo en ciertos componentes eléctricos y electrónicos, plomo en pasta de soldadura para condensadores cerámicos y en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión y plomo para elementos de cerametal en potenciómetros de ajuste.
Las modificaciones incorporadas por el nuevo Real Decreto afectan al RD 219/2013, de 22 de marzo -que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos- y vienen a transponer la Directiva 2017/2102/UE -que, a su vez, modificó la de 2011-.